Durante las últimas semanas he recorrido varias regiones discutiendo diversos aspectos de las estrategias regionales de innovación y competitividad. Desde la necesidad de hacer foco en las capacidades que cada región tiene, hasta la institucionalidad que es necesario construir para asegurar sinergia entre las acciones desplegadas desde el nivel central con impacto en el territorio y aquellas definidas regionalmente y materializadas en el mismo territorio a través del aparato desconcentrado del Estado.
En todos los diálogos sostenidos surge con fuerza el imperativo de contar con espacios amplios de discusión estratégica donde se incorporen los actores económicos y sociales relevantes de la región. Asimismo, estos espacios deben abrirse hacia discusiones mesorregionales y nacionales con el popósito de contar con visiones compartidas y alineamiento estratégico a nivel estratégico. Esto en la convicción de que la complejidad del sistema nacional de innovación y competitividad obliga a hacerse cargo de los problemas de gobernanza del sistema, como una noción más amplia que la gobernabilidad, e ir más allá de los mecanismos tradicionales de gobierno orientados a las nociones de control jerárquico.
Esta concepción de la gobernanza no debe ser confundida con la pérdida de responsabilidad y legitimidad democrática, pues estos espacios de discusión y alineamiento estratégico deben ser diferentes de los espacios de decisión y resolución de las políticas. A nivel regional estas políticas deben resolverse en el Gobierno Regional, y los espacios de discusión estratégica que lo exceden no pueden ir más allá de lo consultivo.
Asimismo, estos roles no pueden confundirse con la ejecución de las políticas, que recae principalmente en las agencias nacionales, desconcentradas en el territorio. Esto es especialmente relevante a la hora de definir instrumentos y beneficiarios específicos a apoyar.
No obstante lo anterior, en la conversación regional siguen confundidas estas tres dimensiones. En algunos casos la conversación transforma las instancias estratégicas en espacios de definición de políticas sembrando confusión y expectativas exageradas en los actores privados y sociales que participan de elllas.
En otros casos las instancias de definición de política se ven tentadas de fijar beneficiarios específicos, asumiendo con ello enormes riesgos de captura o irrelevancia de las acciones al adoptar decisiones técnias sin el conocimiento necesario ni menos el proceso que permita contar con la mejor alternativa para materializar las iniciativas buscadas.
Por otra parte, también se pueden observar casos donde las agencias buscan imponer, a fuerza de su inercia instrumental, agendas que distan de la discusión de los actores regionales y las definiciones de política.
La estrategia nacional de innovación debe ser capaz de conovocar a los actores nacionales y regionales, y sentar un primer nivel de acuerdo para permitir el su alineamiento básico. El resto depende del resto de los mecanismos que se implemente para asegurar la gobernanza, comenzando por el capital social de que disponga cada región.
Las Agencias regionales de desarrollo productivo, aunque heterogeneas, constituyen un avance sustantivo en esta dirección, pues han permitido, a través de los programas de mejoramiento de la competitividad (PMC), la creación de capital social y alineamiento de los actores en torono a desafíos de competitividad reales. Esta isntitucionalidad tiene ahora desafíos importante de consolidación, ajuste a realidades específicas de regiones rezagadas, balance de intereses (sector público sobrerrepresentado en muchos casos), desarrollo de capacidades técnicas y articulación con la estrategia nacional.
El Consejo Nacional de Innovación por su parte, se encuentra desarrollando el aprendizaje necesario para contar con instrumentos que faciliten el diálogo estrategico con las regiones. Estos instrumentos deben considerar que las componentes territoriales de la estrategia exceden la división política de la región, que deben ordenarse en torno a sectores productivos clave, y que requieren sustento en las capacidades reales de las regiones participantes. Asimismo, que pueden complementarse con capacidades disponibles en otras zonas del país o el extranjero cuando se trata de temáticas que requieren masa crítica y que es necesario el espacio para apuestas regionales, debidamente respaldadas por voluntades y esfuerzos tangibles, públicos y privados.



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