Durante el último lustro nuestras instituciones de investigación, con apoyo del sector público, han comenzado a dar pasos importantes hacia la adopción de prácticas que faciliten la valorización de los resultados de la actividad científica. Destacan entre ellas las incipientes políticas de administración y protección de la propiedad intelectual que generan, la asociación no siempre facil con el sector privado en consorcios tecnológicos y el desarrollo de oficinas de transferencia tecnológica en algunas de las instituciones.

No obstante los avances señalados, llama la atención la ausencia de políticas y prácticas de manejo de los conflictos de interés (potenciales y efectivos) que naturalmente se producen cuando los vínculos de las instituciones y los investigadores se multiplican y abarcan nuevos actores ligados a los mercados tecnológicos, domésticos y mundiales, con intereses tan legítimos como diversos.